En un mundo cada vez más digitalizado e interconectado, garantizar la accesibilidad no es solo una cuestión de equidad, sino una obligación legal. Con la entrada en vigor de la Ley 11/2023, de 8 de mayo, el pasado 28 de junio de 2025 o Ley de Accesibilidad, España da un paso decisivo hacia la construcción de una sociedad más inclusiva. A su vez, adapta su legislación el contenido del Acta Europea de Accesibilidad (Directiva UE 2019/882).

Esta nueva normativa establece un conjunto de requisitos obligatorios de accesibilidad para productos y servicios clave. Afectan directamente a empresas de sectores como la tecnología, las finanzas, el transporte o el comercio electrónico. En este artículo, analizamos en detalle qué implica esta nueva ley, cómo deben adaptarse las empresas y cuál es el impacto real del Acta Europea de Accesibilidad en el marco normativo español.

¿Qué es la nueva Ley de Accesibilidad y por qué es importante?

La Ley 11/2023, de 8 de mayo, en vigor desde el 28 de junio de 2025, supone un hito en la legislación española al adaptar el contenido del Acta Europea de Accesibilidad (European Accessibility Act) al contexto nacional. Esta normativa responde al compromiso de la Unión Europea con los principios de igualdad, no discriminación e inclusión social. Por otra parte, se enmarca en la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030.

Su objetivo es garantizar que determinados productos y servicios esenciales sean accesibles para todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, sensoriales, cognitivas o tecnológicas. Esto incluye a personas con discapacidades permanentes, temporales o situacionales. Por ejemplo, imagina alguien que se lesiona un brazo o que usa un dispositivo en condiciones difíciles, como a plena luz del sol o sin audio.

La ley no solo abarca el ámbito digital, como páginas web o aplicaciones móviles, sino también el entorno físico y tecnológico. Nos referimos a cajeros automáticos, terminales de autoservicio, lectores electrónicos, servicios bancarios, telecomunicaciones, comercio electrónico, sistemas de transporte o atención al cliente, entre otros.

¿Por qué es tan relevante esta legislación?

Citamos algunas de las razones:

• Establece un estándar común europeo: Hasta ahora, cada país miembro podía aplicar criterios distintos en materia de accesibilidad. Con esta ley, se armonizan los requisitos básicos a nivel europeo. Esto facilita que productos y servicios puedan comercializarse y utilizarse en toda la UE sin barreras adicionales.
• Refuerza los derechos de más de 80 millones de europeos con discapacidad: Según datos de la Comisión Europea, casi una de cada cinco personas en Europa tiene algún tipo de discapacidad. Esta ley contribuye a garantizar su plena participación en la sociedad digital, económica y cultural.
• Impulsa la transformación digital inclusiva: No se trata solo de cumplir con una norma, sino de crear un entorno más funcional y usable para todos. Muchas soluciones accesibles, como subtítulos en vídeos, navegación por teclado o diseño responsive, también benefician a usuarios sin discapacidad.
• Favorece la innovación y la competitividad: La accesibilidad no solo es una obligación legal, también es una oportunidad de negocio. Las empresas que diseñan pensando en la diversidad de sus usuarios se posicionan mejor en un mercado cada vez más exigente y diverso. Además, pueden acceder a contratos públicos y evitar sanciones por incumplimiento.
• Promueve una sociedad más justa y cohesionada: La accesibilidad no es un favor ni un privilegio, sino un derecho. Esta ley avanza hacia una igualdad real de oportunidades, favoreciendo la inclusión social, educativa, laboral y cultural de las personas con discapacidad.

¿Cómo deben adaptarse las empresas según la Ley de Accesibilidad?

La entrada en vigor de la nueva Ley de Accesibilidad impone obligaciones concretas a las empresas, tanto en el diseño como en la prestación de productos y servicios.

Principales medidas que deben implementar las empresas

Detallamos algunas de las principales adaptaciones que exige la normativa:

• Accesibilidad digital: Todos los servicios y productos digitales deben cumplir con los criterios de accesibilidad WCAG 2.1 AA.
• Productos físicos y dispositivos interactivos: Dispositivos como cajeros automáticos o dispositivos de pago, por ejemplo, deben poder ser utilizados por personas con discapacidad visual, auditiva o motora. Sus interfaces han de ser accesibles y contar con instrucciones comprensibles disponibles en varios formatos.
• Información y atención al cliente accesible: Las empresas han de garantizar que sus canales de atención al cliente sean accesibles.
• Evaluación continua y formación: La accesibilidad no es una acción puntual, sino un proceso continuo, como puede ser su programa formativo o el de riesgos laborales.

Los sectores afectados

Entre los principales sectores obligados a cumplir con la nueva ley, se encuentran:

• Tecnología de la información y la comunicación.
• Banca y servicios financieros.
• Transporte.
• Comercio electrónico.
• Servicios audiovisuales y medios digitales.

¿Qué empresas están obligadas a cumplir?

La ley afecta principalmente a empresas medianas y grandes que ofrecen productos o servicios dentro del ámbito regulado. Sin embargo, debes tener en cuenta lo siguiente:

Las microempresas de menos de 10 empleados y facturación inferior a 2 millones de euros pueden estar exentas de algunos requisitos, salvo si prestan servicios públicos o esenciales.

Las empresas que contraten con la Administración Pública deben garantizar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad como condición obligatoria para optar a licitaciones.

¿Qué riesgos implica no adaptarse?

No cumplir con la ley puede tener consecuencias legales, económicas y reputacionales. Las sanciones previstas por la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad pueden alcanzar el millón de euros en los casos más graves. Además, la empresa se expone a:

• Reclamaciones por parte de consumidores o asociaciones.
• Exclusión de procesos de contratación pública.
• Daño a la imagen de marca y pérdida de confianza del cliente.

El impacto del Acta Europea de Accesibilidad en la normativa nacional

La entrada en vigor del Acta Europea de Accesibilidad ha supuesto una revisión profunda de la legislación española. Hasta ahora, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social ya contemplaba medidas en materia de accesibilidad. Sin embargo, el nuevo marco refuerza y amplía significativamente el alcance y las obligaciones.

Este cambio impulsa un modelo europeo más coherente, en el que los fabricantes y prestadores de servicios deben garantizar la accesibilidad como requisito legal, no como una opción voluntaria. También obliga a las administraciones públicas a supervisar y hacer cumplir estas normas, incluyendo mecanismos de control, inspección y sanción.

Además, la legislación incorpora el principio de Diseño para Todos, que no solo busca eliminar barreras, sino crear productos y servicios concebidos desde el inicio para ser inclusivos. Esto favorece la innovación, amplía la base de usuarios y mejora la experiencia global de cliente.

La entrada en vigor de la Ley de Accesibilidad marca un punto de inflexión en el compromiso de España con la accesibilidad. Obliga a múltiples sectores a adaptar sus productos, servicios y entornos digitales a estándares comunes europeos. Más allá de una exigencia legal, se trata de una oportunidad estratégica para fomentar la innovación inclusiva, mejorar la experiencia de todos los usuarios y construir una sociedad más justa y cohesionada.

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